Luis Linares Zapata
El mismo título que se añade a su nombre de pila, a manera de un alias de elite, proviene de su malsana subordinación con otro personaje más tenebroso aún: el ex presidente Salinas de Gortari. Este último, un político ligado a masivos favores atados, rencores incontrolables y enfebrecidos afanes de continuidad en el mando. En fin, un minúsculo padrino que derrama certezas de su ilegítimo origen electoral como presidente formal de México. De la trabazón entre estos dos politiqueros negociantes, en mucho inconfesable, surgió gran parte de la leyenda que se ha zurcido alrededor de DFC como actor de primera línea en la transición mexicana. Una transición en mucho dilatada, torcida y negada gracias a su notoria intervención, siempre bajo consigna de algún interés oculto.
En efecto, DFC ha participado en muchos de los episodios recientes que han modelado la anormalidad democrática de México. Su intervención ha tenido una línea distintiva: obedecer los designios del poderoso que lo ha alquilado. Acciones que van, desde la invención de legitimar con actos de poder al señor Salinas, hasta la quema de las boletas, sus movimientos fueron cuidadosamente pensados para congraciarse con la generosidad de las alturas. Es verdad que, en estos trastupijes, algo sacaron los panistas: una gubernatura aquí, varios contratos allá y, en medio, alguna presidencia municipal de postre. Estas ganancias validaron, a ojos de sus correligionarios, los febriles oficios de lo que después coloquialmente llamaron concertacesiones. Un toma y daca que iba, de Los Pinos directo al Senado, para dar lugar a lo que, también, se catalogó de modernización salinista: el conjunto de reformas estructurales de feroz corte neoliberal impuestas, sin distingos ni matices, desde la metrópoli para todo el subcontinente latinoamericano. En medio de toda esa barahúnda con epicentro en Los Pinos y el despacho de abogados que dirige DFC, algo le tocó a la jerarquía eclesiástica y empezaron, a la luz de los santos, las exigencias continuas de protección y los actuados retobos de cardenales y obispos para recobrar su mermado protagonismo.
Así, DFC llega al momento de su secuestro, cargado de anécdotas, hinchado de billetes, capaz de recomendar a sus socios para sendas oficinas de influencia política y jurisdiccional. Y son ahora, esos mismos despachos los que responden con instrucciones de silencios torpes, deberes soslayados y consignas mediáticas que, en sus destinos, son disfrazadas de acendrados sentimientos de humanidad. Son esas mismas oficinas las que se ven incapacitadas para, siquiera, diseñar una estrategia informativa que contenga los rumores y la especulación, actividad tan del gusto de la plebe. En medio del desasosiego reinante, un fenómeno colectivo ha tomado cuerpo virtual. Su espíritu se gestó en las profundidades del México agredido, del ninguneado, ése que va cargado de rencillas por dirimir, corajes para enjuiciar a pelo, envidias que no han podido ser mitigadas en el opresivo quehacer cotidiano. Irrumpió en las llamadas redes sociales. Le ha explotado, por diversos meandros tecnológicos, tanto a los medios de comunicación como a varios de sus más notorios oficiantes, integrantes de la bautizada opinocracia.
Los temporalmente discretos medios masivos fueron sorprendidos y el ciberespacio los rebasó. A pesar del silencio autoimpuesto a la información, los textos improvisados, las fotos sin origen ni destinatario específico o la misma desinformación, corrió muy por fuera de su voluntad de control. Puso en evidencia lo que será, de ahora en adelante, ineficaz consigna de callar, de manipular agendas, distraer al populacho o encumbrar actores predeterminados mediante pago en sonante. Tal fenómeno de la globalización mediática tomó, aquí mismo, carta de naturalidad. Ya se venía anunciando con motivo de la censura impuesta por el crimen organizado en varios estados bajo su férula. Pero esta vez les estrelló la cara a los comunicadores dispuestos a salvarle cara y la vida a DFC. Para ello recalan una y otra vez y con voz compungida en la titánica labor que ha personificado. Algunos de ellos se han llenado de santa indignación ante las querellas que les son enviadas por Twitter o Facebook, las calificaron de abundante mierda contra un hombre que, sin duda, sufre en cautiverio, afirman. No pueden asimilar que, los insultos y denostaciones eran y serán desahogos, furias incontenidas, modos rudos de expresarse con mentadas y descalificaciones que les apaciguan un tanto las ofensas padecidas e incontables frustraciones. Es decir, la pequeña o triste historia de la enajenación masiva, de la realidad social de muchos de los de a pie. Pero también son expresiones de los sentires, las agonías y la búsqueda desesperada de un lugar en la fiesta de todos que, por su posición de privilegio o suerte, algunos coleccionan en racimos. DFC impersona mucho de lo que otros añoran, desprecian, rechazan o maldicen. Otros muchos también saben, porque lo han hecho consciente, que ese tipo de comportamiento como el del secuestrado, es lo que les impide avanzar, lograr lo que ambicionan, vivir en una sociedad que puede ser justa. Nadie debe llamarse a escándalo por los deseos de muerte cifrados en mensajes, mentadas y alaridos desesperados que llevan dedicatoria, más cuando algo de ello al menos fue ganado en sendas batallas que, como por desgracia discursiva dice el señor Calderón: DFC todavía tiene por delante.
Con el Titulo Mérida exhibe fractura panista , se resalta que el ex gobernador panista ha perdido la brújula en una debacle que ya es un lodazal del que no se escapa, se precisa, la primera dama Margarita Zavala:
Patricio Patrón Laviada, cuyo paso por la gubernatura de Yucatán estuvo tachonado de escándalos personales y familiares, personifica un ejemplo de aliado incomodísimo de Felipe Calderón. Es uno de los “hombres del Presidente” que pueden despeñar en 2012 las últimas posibilidades del PAN de conservar la Presidencia.
Patrón, hoy oscuro funcionario federal, abrió con su desempeño la puerta al regreso del PRI al gobierno yucateco. Pese a ello, fue conservado como hombre fuerte del panismo local, por lo que hay que atribuirle –junto con su jefe, por supuesto– la responsabilidad por el retroceso histórico del blanquiazul en las pasadas elecciones, cuando perdió la alcaldía de Mérida junto con los principales distritos locales. Una y otros habían sido reductos del blanquiazul desde 1990.
A don Patricio hay que reconocerle también meter en este lodazal a Margarita Zavala, nuestra primera dama, sin duda el principal activo político del Presidente. Patrón dijo a quien quisiera escucharlo que Beatriz Zavala, la candidata panista derrotada en Mérida, fue impuesta por Margarita en aras de su amistad.
La responsabilidad de Patrón podría ser mayor en esta debacle con que el PAN inició el calendario electoral. El yucateco alardea haber sido clave en el triunfo de Calderón en 2006, primero en las internas panistas y luego en la contienda por la Presidencia. Aun si esto fuera cierto, ha perdido la brújula, pues impuso a los principales candidatos panistas a diputados federales en 2009. De cinco, perdieron cuatro. Y en estos comicios locales, luego de que el PAN había controlado los siete principales distritos, fue desplazado de cinco, en los que hubo personajes ligados al ex gobernador.
La causa panista en la elección local fue sacrificada entre el equipo de Patrón que veía a Zavala como una imposición de Los Pinos, los seguidores de ésta y el grupo encabezado por Ana Rosa Payán, antigua gloria del PAN en el estado —reconquistó Mérida en 1990—, colaboradora en el gobierno de Vicente Fox y, quizá por ello, marginada en 2004 en el proceso sucesorio de Patrón, quien obtuvo el aval calderonista para impulsar a Xavier Abreu, eventualmente derrotado por la actual gobernadora, la priísta Ivonne Ortega.
Payán renunció a su partido por aquel episodio, pero en febrero último reapareció con el anuncio de que buscaría su reincorporación. Refirió a sus cercanos una reunión privada con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien le habría pedido no sabotear el trabajo de la candidata Zavala. Ana Rosa, dominada por el rencor contra Patrón, inhibió declaraciones públicas, pero por debajo de la mesa alentó a un empresario local, Salvador Vitelli, para buscar la postulación panista por Mérida.
El resultado de todo ello tomó carácter de cifras oficiales: el PAN fue echado del poder en Mérida por una diferencia de más de 12 mil votos. La ganadora es la priísta Angélica Araujo, diputada federal, hechura de la gobernadora Ortega.
La dirigencia del blanquiazul, encabezada por César Nava, asumió la retórica perredista de 2006 para exigir “voto por voto, casilla por casilla”. Hará también denuncias de fraude ante autoridades electorales del estado y federales. Como en aquella historia, tampoco ha exhibido prueba alguna, por lo que los resultados de su arenga se prevén idénticos.
El análisis de las cifras arroja que el PRI no gozó de un repunte espectacular en el apoyo ciudadano. Lo que en realidad parece haber pasado es que los ciudadanos de Mérida fueron ahuyentados por el desorden y la mediocridad de los contendientes, lo que hizo desplomarse los niveles de participación en las urnas. En ese oscuro pozo se ahogó Acción Nacional.
Fue en 1968 cuando, en la persona de Víctor Manuel Correa Rachó, el PAN ganó por vez primera Mérida, y la convirtió en enclave que ayudó a extender su presencia en todo el sureste. Derrotado en 1971, al panismo le tomaría 19 años regresar al gobierno de esa capital, y ahí consolidó su vuelo hacia la gubernatura. Hoy está fuera de ambos, no sólo por un electorado harto y perezoso, sino por el eficaz trabajo de zapa de sus facciones internas.
Para nuestros vecinos el tema central es la ilegalidad y los vicios que ésta acarrea, sobre todo, Brewer dixit, violencia, problemas asociados al narcotráfico y conductas inadecuadas de los indocumentados, en su mayoría, mexicanos y centroamericanos. Para nosotros, el tema central es la amoralidad de la decisión.
Además de ser muchas las teselas del mosaico arizoniano, buena parte están rotas y otras se han extraviado. Los que no se han extraviado son los ciudadanos de Arizona que contratan indocumentados de acuerdo a su justicia económica. Tampoco se han extraviado los trabajadores migratorios que arriesgan sus vidas en aras del trabajo negado por los infames gobiernos de nuestros países. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, su equipo, y nuestros políticos, son los responsables de promover una ley que podría acarrear graves problemas. Ni la contratación espuria de indocumentados ni la debilidad crónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país deben pasar inadvertidas.
La nueva ley permitirá, en caso de aprobarse, criminalizar a todo indocumentado en Arizona; además, faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser extranjero ilegal. La ley, conocida como SB1070, amenaza con reducir a polvo algunas teselas del mosaico vigente entre nuestra nación y Estados Unidos. Derechos civiles, justicia y derechos humanos son algunos de los conceptos que se verán afectados por la propuesta de la gobernadora republicana. Atropellar esos principios deviene estigmatización y la autorización de maltratar. Entre esas circunstancias y el racismo, la frontera es endeble. En ese entramado es imposible soslayar el nacimiento del Tea Party, movimiento que reúne activistas de derecha y de ultraderecha. Buena parte del electorado estadunidense comparte la ideología derechista del joven partido. La ley Brewer será, sin duda, atractiva para los simpatizantes del Tea Party.
No ignoro que en Estados Unidos cohabitan personas de múltiples nacionalidades y que en muchas ocasiones esa nación les ha dado la oportunidad de trabajar y mantener a sus familiares en sus países de origen. Buen ejemplo de ese fenómeno es nuestra nación. Las remesas que envían los trabajadores mexicanos desde Estados Unidos constituyen, habiendo disminuido el turismo, la segunda fuente de ingreso de nuestro país. Huelga decir que esa realidad no justifica ninguna acción como la que pretenden implementar en Arizona.
La Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros (SB1070) podría entrar en vigor a principios de septiembre. De aprobarse, aunque algunos gobernadores como Bill Richardson, de Nuevo México, deploraron la promulgación de la ley, es muy factible que la iniciativa contagie a otros políticos. La crisis económica por la que atraviesa Estados Unidos, la figura de Obama, denostado por los grupos reaccionarios y el rápido ascenso del Tea Party –tiene menos de un año de existir–, son buena semilla para que la propuesta de Brewer se disemine.
En Arizona existe un campo de prisioneros en el condado de Maricopa donde viven entre alambradas cientos de reos a los que se les obliga vestir uniformes y calzones rosas. Zaherirlos es la meta del sheriff. En ese mismo estado, los inmigrantes, contratados ilegalmente y explotados ad nauseam sobreviven en condiciones precarias. El problema es mayúsculo. Los sin papeles emigran para sobrevivir, los contratan ilegalmente, les pagan sueldos magros, la violencia aumenta y el rechazo social se multiplica. El problema, además de ser mayúsculo, no tiene solución. Ni en México ni en Centroamérica las condiciones de vida de los pobres mejorarán. Basta repasar la historia de nuestros viejos políticos, escuchar a la mayoría de los actuales y conocer la miseria de la mayor parte de los habitantes de nuestras naciones para entender que el flujo de sin papeles no cesará. Por esas razones, la aprobación de la ley causaría graves problemas. Justicia es no sólo una palabra bella. Es un bien universal. Atropellarla daña la dignidad de la persona. Es obligación de nuestro gobierno luchar por la dignidad y la justicia de los connacionales en Estados Unidos.
Ilegalidad es un término que no debe aplicarse solamente a la migración de personas sin documentos. Los millones de sin papeles han sido, desde hace décadas, factor imprescindible para la economía estadunidense. Esos trabajadores han sido contratados ilegalmente y, muchas veces, explotados. Criminalizar a los indocumentados presagia malos, muy malos tiempos. Maltrato y estigmatización son males menores. Cazar indocumentados es una vieja propuesta de algunos estadunidenses. Ahora, en Arizona, quieren legalizar ese deseo. Lo peor es que ahora el Tea Party cuenta con un nuevo sabor: Brewer.
Leí ayer el atinado artículo publicado al respecto en La Jornada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y quisiera agregar otras consideraciones.
La medida parece partir del supuesto de que, si una persona cuenta con la autorización para ingresar a nuestro vecino del norte, es porque de alguna manera ha sido lo suficientemente investigada como para merecer ese privilegio.
Se olvida la secretaría que los terroristas del World Trade Center tenían visas de residencia en Estados Unidos y que el terrorista que el año pasado tenía la misión de hacer explotar un avión estadunidense tenía una visa de entrada.
Ignora la secretaría que esta falibilidad del sistema se agudiza por el hecho de que a Estados Unidos se le dificulta, y en ocasiones se le imposibilita, negar la visa a docenas de musulmanes –algunos de ellos terroristas en potencia– que viajan por el mundo con pasaportes y nacionalidad británicos, alemanes o franceses. Y que lo hacen también sin antecedentes penales: nadie es asesino antes de que asesine por primera vez.
Lo que ahora vamos a lograr es que estos señores disfruten de unas vacaciones en Acapulco o Cancún antes de dirigirse a Estados Unidos para colocar una bomba. O quizás ya no se molesten en viajar al otro lado, cuando descubran la vulnerabilidad de los grandes intereses que los estadunidenses tienen en México y prefieren llevar a cabo, aquí, sus kamikazes. No hablo nada más de hoteles llenos de turistas gringos –o canadienses: ellos no saben distinguir. También de intereses mexicanos vulnerables como ciertas materias primas propiedad de la nación, la nuestra, a las que (el terrorista puede suponer) Estados Unidos recurriría en el curso de un conflicto bélico: esas materias primas, como el petróleo, podrían también ser blanco de esos terroristas a los que ahora vamos a ofrecer una escala turística.
Ignora también la secretaría que la visa estadunidense no garantiza, y nunca ha garantizado, el ingreso automático a Estados Unidos. Como expresó un funcionario del Departamento de Migración del aeropuerto de Nueva York, la visa es sólo un permiso de tocar a la puerta. Es sabido que todo viajero de quien se sospeche tiene la intención de llevar a cabo una acción terrorista en Estados Unidos o simplemente la de quedarse a vivir en su territorio, es objeto de un intenso –y en ocasiones despiadado– interrogatorio. ¿Estamos capacitados para llevar a cabo esos interrogatorios? ¿Para sospechar de las mismas personas de las que los funcionarios estadunidenses sospecharían? ¿O vamos a importar de Estados Unidos expertos que lo hagan? Se dirá: ¿y por qué a Estados Unidos le puede preocupar el ingreso de extranjeros a México si éstos de todos modos tendrán que pasar por una frontera –en este caso terrestre– para ingresar a su territorio?
Porque no es lo mismo que los terroristas en potencia tengan que viajar por avión miles de kilómetros desde Pakistán o Nigeria, Alemania o Palestina, para tocar la puerta de Estados Unidos en un aeropuerto estadunidense, que intentar el paso clandestino, sin necesidad de tocar la puerta, por una de las fronteras más permeables del planeta.
Si la medida tomada por el gobierno mexicano es unilateral, es estúpida. Si se adoptó con el consentimiento de Estados Unidos, es más estúpida todavía. No creo que a ese país le guste la probable existencia, en lo que despectivamente llaman su patio trasero, de terroristas en potencia que los narcos u otros delincuentes podrían introducir de contrabando de la misma manera que lo hacen –y muy eficazmente– con todos los emigrantes mexicanos que quieren irse al otro lado. Y no creo que a Estados Unidos le guste la idea de que sea México el que se encargue de constatar la autenticidad de supuestas visas estadunidenses. ¿O es que tenemos los peritos para hacerlo? ¿O los vamos a traer de Estados Unidos en secreto para que, disfrazados de mexicanos, suplanten en esta tarea a nuestros oficiales de Migración? ¿Y los aparatos necesarios? ¿Nos los va a regalar Estados Unidos? ¿O nos va a obligar a comprarlos? Y a fin de cuentas: ¿por qué tendríamos que hacer ese trabajo por ellos? ¿Nos lo van a pagar? ¿O nos va a costar a nosotros?
¿Y puede México arriesgarse a que un día, cuando ocurra un monstruoso atentado en Estados Unidos éste nos acuse de haber dejado entrar a nuestro territorio, a causa de la inexperiencia o la negligencia o la corrupción de un agente de Migración mexicano al terrorista que lo ocasionó y que después fue contrabandeado por un túnel a su territorio?
No, no creo que a Estados Unidos le guste esta medida.
Y por lo que a nosotros toca, los mexicanos, debería gustarnos menos aún. No sólo porque esto representa una vergonzosa claudicación de nuestra soberanía, sino por algo peor.
Ya vimos a quiénes Estados Unidos sí les da visa. Veamos ahora cuáles son aquellas personas a las que Estados Unidos niega más, y de manera sistématica, una visa de entrada. ¿Delincuentes fichados en su país de origen? ¿Sospechosos de terrorismo? ¿Líderes fundamentalistas islámicos? ¿Neonazis? Sí, a unos cuantos. Pero también a miles, docenas de miles de mexicanos que no son los que quieren vivir y trabajar en su territorio –ésos saltan muros, se mojan las espaldas, pagan miles de dólares para lograrlo, se mueren deshidratados en los desiertos. No, a quienes los estadunidenses les cierran la puerta en las narices es a todos aquellos mexicanos que desean visitar a uno o varios de sus seres queridos que viven al otro lado (y quienes, por su condición de ilegales, no pueden salir de Estados Unidos, donde tienen ya su vida más o menos solucionada; saben muy bien que no los dejarían regresar). En otras palabras, los estadunidense le niegan la visa a madres que no han visto a un hijo o una hija por 20 años. Al mexicano o mexicana que no ha visto a su hermana o su hermano por 30. A los abuelos que no conocen, y nunca conocerán, a sus nietos, ni serán jamás conocidos por ellos. Son, en su inmensa mayoría, mexicanos de escasos recursos que son humillados, vejados, en las oficinas consulares estadunidenses. Son mexicanos a quienes se les exige un pago previo depositado en un banco de mil 700 pesos por visa, se les dé ésta o no. Es decir, si se les niega, el consulado de todos modos se queda con su dinero. ¿Y quién los defiende? ¿Cuál es la autoridad mexicana que protesta ante esta violación flagrante de la llamada reciprocidad diplomática? Ninguna. No podemos. No nos conviene. Estados Unidos nos tiene apercollados. O en otras palabras, agarrados por el cuello. Si hacemos un cálculo muy conservador: 50 oficinas consulares estadunidenses que cada día le niegan la visa a 30 mexicanos, es decir, a mil 500 diarios, equivalente a 450 mil en un año de 300 días hábiles, resulta que al cabo de ese tiempo Estados Unidos ha expoliado a esos mexicanos un total cercano a 900 millones de pesos. Y México guarda silencio.
Pero lo más inicuo y paradójico, lo más aberrante, es que todos esos mexicanos, por no tener visa de Estados Unidos no se diferencian, en esto, de todos aquellos extranjeros que, por la misma razón, no dejaríamos ingresar a nuestro territorio.
Existe una razón económica evidente para establecer esta medida: el aumento de nuestro ingreso proveniente del turismo. Una actitud que tampoco se diferencia, tal como yo lo veo, de la que toma un individuo, hombre o mujer, y no por coacción, sino por elección, para prostituirse.
Y es que eso nos pasa a nosotros con esta decisión vergonzante: estamos haciendo de México una prostituta.
Por:Fernando del Paso
